lunes, 6 de septiembre de 2010

El Periodico de Aragón

El conflicto permanente

5/09/2010

Los colectivos prosaharauis denuncian la actitud del Gobierno español ante la situación del Sáhara Occidental y piden que las agresiones no caigan en el olvido.


Todos coinciden: hace falta que peguen a un extranjero para que la situación que se vive en el Sáhara Occidental salga a la luz. El caso de las aragonesas Pilar Fortuño y Emma Pomar, que llegaron como turistas a El Aaiún y acabaron siendo agredidas al ejercer como observadoras internacionales en el recibimiento de un grupo de activistas saharauis, ha vuelto a poner de actualidad en la comunidad un conflicto que no es nuevo.

Ellas, que aunque sensibilizadas con la causa no acudieron a la zona con ningún objetivo político, ya han manifestado que volverán. Los colectivos en defensa del pueblo saharaui insisten en la importancia de la presencia internacional para, por un lado, minimizar la violencia y, por el otro, contribuir a hacer visible la situación.

La llegada de observadores --ya sea abogados destinados a controlar la legalidad de los juicios o simples ciudadanos que confían en que la acción policial sea menor si ellos están presentes-- no es nueva, aunque se intensificó a raíz de la detención en el aeropuerto de Casablanca, en octubre del 2009, del conocido como "grupo de los siete", formado por activistas saharauis que regresaban de los campamentos de Tinduf. Tanto Rafael Antorrena, miembro de Um Draiga, como el abogado Luis Mangrané, del Observatorio aragonés para el Sáhara Occidental, o Álvaro Sanz, portavoz de la Presidencia de IU-Aragón, coinciden en defender la necesidad de estas misiones. Los tres han visto sobre el terreno las consecuencias. Antorrena, incluso, fue agredido el pasado mes de abril. Aun así, insisten en que no es suficiente y reprochan al Gobierno español su actitud.

Las declaraciones de la secretaria de Política Internacional del PSOE, Elena Valenciano, que tras la detención en El Aaiún de 11 activistas canarios manifestó que el Gobierno "difícilmente puede proteger a los españoles en otro país si se dedican a actividades que no son legales" --en referencia a la falta de autorización del grupo para manifestarse-- no sentaron nada bien entre los colectivos prosaharauis. Tampoco las del secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Juan Pablo de la Iglesia, que puso en duda la versión de los arrestados. Fortuño y Pomar también denunciaron a su vuelta a Zaragoza la falta de ayuda de la embajada.
"Dicen que esto pasa por no respetar la ley, pero Marruecos es un ocupante, y Naciones Unidas y todos lo saben", insiste Mangrané. De manera similar se expresa Antorrena. "El Gobierno es cómplice --lamenta--. ¿De qué ley hablan? La ley marroquí impera allí por la fuerza, dicen que los agresores son civiles, pero son policías de paisano". El abogado recuerda que España vende armas a Marruecos, "que sirven para perpetuar la opresión". "¿A esto se refiere Zapatero cuando dice que hay intereses en juego?", cuestiona.

Ya han pasado más de 30 años desde que España, antigua potencia colonial del Sáhara Occidental, abandonó la zona, dejándola en manos de Marruecos y Mauritania. El conflicto sigue enquistado y saharauis y activistas internacionales denuncian una opresión que alcanza también a extranjeros y periodistas. Mientras tanto, las demandas de los que conocen el problema de cerca se repiten: "que el Ejecutivo español se posicione, que Naciones Unidas actúe para velar por los derechos humanos y, sobre todo, que la gente sepa lo que ocurre, y lo sepa de verdad".

jueves, 2 de septiembre de 2010

DIAGONAL ARAGON. Incidentes en El Aaiún

Blanca Enfedaque
Martes 31 de agosto de 2010.


Aragón dirige su mirada hacia la represión marroquí

Dos zaragozanas fueron agredidas por la policía marroquí mientras acompañaban a un grupo de activistas saharauis en El Aaiún. Recién llegadas a Aragón, reclaman la atención y la ayuda internacional para intervenir en esta “guerra de baja intensidad”.


Suena el teléfono del consulado español en Agadir, en la madrugada del 23 de agosto. A un lado del hilo se escuchan unas voces angustiadas. Se trata de Pilar Fortuño y Emma Pomar, dos zaragozanas que emprendieron un viaje turístico y terminaron ejerciendo de observadoras internacionales a El Aaiún, ciudad saharaui actualmente ocupada por Marruecos. Con la voz rota por el miedo denuncian que un grupo de policías vestidos de paisano les han atacado cuando acompañaban a un grupo de activistas saharauis que retornaban a casa tras haber participado en una conferencia en Argelia sobre derechos humanos. Con voz soñolienta, el funcionario –probablemente ciudadano marroquí– asegura: “estas cosas pasan todos los días, mañana por la mañana ya veremos”.
“Esperábamos en casa la llegada de unos activistas –recuerda Emma– y desde el momento en el que pusieron el pie fuera del coche, comenzaron a llover los golpes”. “Nosotras nos quedamos en la puerta de la casa, intentando ayudar a que entrara la gente dentro”, rememora Pilar. Tras recibir patadas, puñetazos e insultos, Pilar y Emma pasaron tres días “sitiadas” junto con veinte activistas saharauis y otros dos observadores: la catalana Isabel Terraza y el mexicano Antonio Velázquez.
Pero la tensión comenzó antes. Las zaragozanas afirman que desde su llegada, el 12 de agosto, la policía les fue siguiendo a todas partes. “Fueron los mismos que luego nos pegaron –asevera Pilar–, pero eso es lo de menos, lo que hay que denunciar es que los saharauis viven con furgones llenos de policía en las puertas de sus hogares. Las consecuencias para ellos son mucho peores que una paliza: desapariciones, torturas indecibles, violaciones…”. Ambas niegan la versión sostenida por los gobiernos marroquí y español, quienes aseguran que los atacantes fueron colonos. “Se trata de policías vestidos de civiles. Hay más de éstos que con uniforme”.
“En esos momentos, ante la situación de desprotección, nos sentimos muy respaldadas por los medios de comunicación –reconocen ambas–, así como por un grupo de saharauis que se ha jugado su vida y su libertad por ayudarnos”. Sin embargo, sienten que la actitud tomada por España ante este caso es la de “allanarle el camino a Marruecos”, pues según relatan sólo recibieron presiones para que se marcharan de allí. También reconocen la labor realizada desde el Gobierno de Aragón, que sí les ofreció apoyo.
Por el momento no han decidido si emprenderán acciones legales, pero lo que tienen muy claro es que volverán, ya que “es necesaria la presencia de observadores internacionales”. “Si hubiéramos estado veinte extranjeros en vez de cuatro, dudo que esto hubiera pasado”, se lamenta Pilar.
Una guerra de baja intensidad
Desde que las jóvenes regresaran a Zaragoza, el lunes 30 de agosto, la tensión en los territorios ocupados se ha recrudecido. Las represalias tomadas contra el grupo de activistas canarios son sólo la punta del iceberg. En conexión telefónica desde El Aaiún, Waly El Houcini, un joven saharaui de 22 años residente en Mora de Ebro describe la situación. “Nunca había visto tanta policía junta. Nos pegan por salir a la calle pacíficamente con una bandera, sin mediar palabra –denuncia–. Ayer mismo, la policía hirió a cuatro menores, ocho mujeres y 16 hombres, algunos de ellos están muy graves”.

Waly narra cómo su hermano pequeño tiene que soportar las amenazas de la policía marroquí cada vez que va a comprar el pan. “Te vamos a cortar las piernas y a romper la boca, como hicimos con tu madre”. Frases como éstas son dolorosamente cotidianas en los territorios ocupados. “Se supone que hay democracia, pero nosotros no la vemos”, señala.
El Aaiún, que hasta 1975 fue la capital del Sáhara español, es el resultado de un proceso de descolonización atropellado. Y es que el caso de España es paradigmático. Más allá de haber abandonado a su suerte hace 35 años a decenas de miles de ciudadanos españoles, en la última década se ha lucrado con la venta de armas, convirtiéndose en la sexta exportadora mundial, con ventas multimillonarias a 67 países, entre ellos Marruecos.
Desde el Observatorio Aragonés para el Sáhara Occidental, el abogado zaragozano Luis Mangrané afirma que “los incidentes de este verano demuestran, una vez más, que Marruecos es un país al que España no debería vender armas”. Tras los incidentes de Melilla, que Marruecos califica como ciudades “ocupadas”, ha quedado demostrada, nuevamente, la incompatibilidad de las transferencias de armamento de España hacia Marruecos, por contravenir los “intereses generales de la defensa nacional y de la política exterior del Estado”. Éste es uno de los criterios que establece el artículo 8 de la Ley 53/2007 y que debe valorar la administración española para rechazar o autorizar las transferencias de armamento a otros países.
Mangrané, que viaja regularmente a los territorios ocupados para asistir a juicios de activistas saharauis en calidad de observador internacional, lo tiene claro: “Las recientes agresiones a los activistas canarios no son más que la punta del iceberg de la violación de los derechos humanos que sufre diariamente la población saharaui en los territorios ocupados ilegalmente por Marruecos en el Sáhara Occidental”.
Durante el primer semestre de 2009 se autorizaron por parte del Ministerio de Comercio español ventas de material de defensa por valor de 29,5 millones de euros a Marruecos. Por ello, diferentes oenegés interpusieron el pasado mes de junio un recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional para revocar y paralizar estas transferencias de armamento.
Ante la respuesta del presidente Zapatero de "que están en juego intereses comerciales y económicos" al respecto de la reacción del Gobierno español frente a estas agresiones, el abogado zaragozano se cuestiona “si entre estos intereses se encuentran los de la industria armamentista española, gracias a la cual se perpetúa un conflicto que dura ya más de tres décadas”.