jueves, 15 de marzo de 2012

Intervención en Ginebra-Consejo Derechos Humanos de Naciones Unidas Intervengo en nombre de la Asociación Internacional de Juristas por el Sáhara Occidental (IAJUWS) entidad independiente y técnica, que tiene entre sus fines velar por el respeto y cumplimiento de la legalidad internacional en el Sáhara Occidental, y la promoción de la defensa de los derechos humanos de la población saharaui. Desde 2007 he realizado viajes al Territorio No Autónomo del Sáhara Occidental, asistiendo a juicios que el Reino de Marruecos organiza contra activistas saharauis opuestos a la colonización del territorio. Marruecos y Mauritania invadieron militarmente el Sahara Occidental en 1975, frustrando el proceso de descolonización que supervisaba Naciones Unidas. Aunque el Consejo de Seguridad condenó la invasión exigiendo la retirada de Marruecos, la realidad es que ha inundado territorio de colonos, ante la falta de respuesta y sanciones de la Comunidad Internacional frente a las violaciones del derecho internacional. En todo caso, no existe hoy discusión alguna respecto al status del Sahara Occidental, ningún país reconoce la soberanía de Marruecos sobre el territorio. En nuestras visitas comprobamos que Marruecos ha repoblado ilegalmente  el Sahara Occidental con miles de colonos, en detrimento de la población saharaui que es privada de sus derechos.  Son los marroquíes los que acceden mayoritariamente a los trabajos y los propietarios de los principales negocios. Los saharauis son excluídos de la explotación de unos recursos naturales que solo a ellos les pertenecen. En ningún caso la ocupación militar significa la atribución de derechos soberanos a la potencia ocupante ni la utilización, ni expropiación, ni incautación de los recursos, toda vez que los territorios ocupados militarmente como el Sahara Occidental están amparados por el IV Convenio de Ginebra de 1949. En cambio, cuando los saharauis protestan contra esta situación son represaliados violentamente por las autoridades marroquíes, llegando a utilizar en su contra a la población de origen marroquí. El respeto de los derechos de la población saharaui no lo garantiza la nueva constitución marroquí, décima modificación en 50 años y que no puede aplicarse al Sahara Occidental por no formar parte de Marruecos, resultando irrelevante el contenido de las pretendidas garantías que dice adoptar porque también ratificó tratados internacionales en materia de derechos humanos, infringiendo sistemáticamente su contenido en el Sahara Occidental. Así lo reconoce el informe de 2006 de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Parlamento Europeo o reconocidas ongs internacionales. Incluso Marruecos, mediante la Comisión de Igualdad y Reconciliación ha reconocido su responsabilidad, eso sí siempre retrotrayéndose al pasado y nunca en el momento presente. Hemos comprobado directamente las violaciones de derechos humanos, a nivel individual y colectivo. Las autoridades marroquíes continúan sometiendo a los saharauis que defienden la autodeterminación o denuncian las violaciones de los derechos humanos a varias formas de represión, que incluyen el encarcelamiento dictado en juicios injustos, torturas, restricciones del derecho a viajar y negación del derecho de asamblea pacífica, libertad de asociación y libertad de expresión. En estos años hemos entrevistado a mujeres que han sufrido la violencia sexual como forma de tortura, a familiares de desaparecidos como el Comité de los 15, a la familia de Said Dambar, asesinado por la policía marroquí en diciembre de 2010, y cuya familia es represaliada por la denuncia pública del caso, la policía nos ha expulsado de domicilios particulares y de Bojador, durante una entrevista con Sultana Khaya. En octubre de 2011, hemos comprobado cómo ésta misma activista había sido atacada por un mando de la policía marroquí en una manifestación pacífica, precisamente durante este viaje de octubre hemos constatado el estado de sitio vivido en las ciudades de El Aaiun y Dajla, protagonizado por fuerzas policiales y militares procedentes de Marruecos y del muro que divide ilegalmente el Sahara, comprobando el empleo de material de transporte militar vendido por España. Por ello, además de las acciones de Marruecos denunciamos la pasividad de la Comunidad Internacional, que contribuyen al agravamiento de esta situación. El papel de la MINURSO sin competencias en materia de monitoreo de derechos humanos, facilitando la impunidad marroquí, y la participación en el despojo de los recursos naturales o la venta de armamento al ejercito ocupante. Muchas Gracias. Ginebra, marzo 2011 Luis-Alejandro Mangrané Cuevas  

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